Maria Burrel Badia
No hace mucho que un ayuntamiento de la provincia de Lleida denunciaba como “acto vandálico” la colocación de una bandera de España en su fachada. Y como la oligarquía catalana sigue removiendo el asunto con un palo –léase bastón de mando–, los ilustres alcaldes y alcaldesas de esta provincia se saltan a su antojo la normativa sobre la ley de banderas que obliga a colocar en cada ayuntamiento de Cataluña, como mínimo, las banderas españolas y catalana. La del municipio también, pero eso ya sería para nota. Pura anécdota. Patada a las leyes y al propio Estatut.
Lo que sí decoran balcones y fachadas en los consistorios leridanos son los variopintos trapos, carteles y pancartas con símbolos partidistas, los que les molan. Y eso, que es vulneración de la neutralidad de los consistorios, para estos inquilinos temporales de las casas consistoriales, es libertad de expresión y no vandalismo. En realidad, les da igual la Ley, la Constitución, el Estatut y la doctrina de los Tribunales. Les da igual que el uso de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos no resulte compatible con el marco constitucional y legal vigente. Si hasta por imperativo legal han jurado la mayoría sus cargos.
Pues a lo que iba: estos interinos con bastón de mando, cual bandoleros, se saben protegidos por el beneplácito y la cobardía de los representantes del Gobierno de España en nuestra provincia, que miran para otro lado cuando se pasean por “el territori” de feria en feria como los buhoneros de antaño, y mientras permiten y consienten que se invadan y anulen las instituciones locales por mor de la usurpación de sus símbolos. Eso sí, arguyen la fuerza de las leyes, cuando hay que aplicarlas a los demás, siguiendo la máxima decimonónica de “al enemigo la ley, al amigo el favor”.
Entre 2011 y 2018 se hicieron los requerimientos desde la Delegación del Gobierno en Cataluña a los municipios para cumplir con la normativa, pero con la llegada de Pedro I El mentiroso a Moncloa se ha ordenado no molestar a los incumplidores. Dejémonos de engañar. El desprecio absoluto hacia la bandera de España –ausente en 798 ayuntamientos catalanes– denota que ni siquiera consideran conveniente exhibirla en su fachada. En nuestra provincia el incumplimiento de la ley ocurre en la práctica totalidad de los ayuntamientos. De los 231 municipios, 214 no respetan la Ley (incluidos 3 municipios gobernados por el PSC) con una clara voluntad de eliminar los símbolos constitucionales de España en Cataluña, incluida la señera, que está ausente en muchas fachadas de casas consistoriales porque ha sido sustituida por la bandera “estelada” y otra simbología nacionalista.
El desprecio a las leyes y a las normas de manera selectiva es una constante en el independentismo y en aquellos gobernantes de ideas fijas, únicas, uniformes y sectarias. Consecuencia de esta ideología dictatorial, es señalar a quien discrepe, o invadir y anular las instituciones a su antojo. No merecen gobernar un municipio corrompiendo las administraciones de forma caciquil, enfangados en la ilegalidad de sus partidistas banderas y banderolas que exhiben sin rubor y que representan sólo a una parte de los ciudadanos. No estaría nada mal, como ya se ha propuesto y planteado, que los fondos públicos procedentes de las transferencias del Estado, los autonómicos y los europeos con los que se nutren los municipios se condicionasen al cumplimiento de la ley y de la normativa constitucional y estatutaria sobre símbolos, haciendo así corresponsables a las autoridades locales de las consecuencias judiciales que para las arcas públicas podría tener el incumplimiento de la normativa vigente.
Porque ya sabemos que cuando se toca el bolsillo, las cosas cambian, y las prioridades también.