El recuerdo de la antigua damnatio memoriae romana ha aflorado en nuestra ciudad en vísperas de Navidad. El alcalde, por mor de su poder de gobierno y mando, ha tomado la desacertada decisión de desmantelar y mutilar el escudo que coronaba la fachada del edificio de Capitanía en la antigua caserna de Gardeny. Un elemento que forma parte de un Bien Cultural de Interés Local (BCIL) declarado y catalogado como tal. Al ya degradado edificio de Capitanía solo le faltaba la mutilación que se ha llevado a cabo. Por si fuera poco, el lamentable estado de conservación del singular edifico, tras los trabajos de  retirada del escudo, este vestigio de la arquitectura de un determinado período ha quedado irreparablemente descalabrado. Comparto con la Asociación Cultural de Gardeny que hubiese sido mucho mejor mantener la integridad del edificio y no mutilarlo y creo que ha sido un error tanto la decisión como la propia ejecución del trabajo de desmantelamiento. Desde un punto de vista patrimonial y legal, los poderes públicos están obligados a garantizar la protección del patrimonio y a desarrollar las políticas e instrumentos normativos que permitan la preservación y puesta en valor del patrimonio de nuestra ciudad. La razón de la preservación e integridad cobra aún más sentido dada cuenta que el elemento en cuestión forma parte de un BCIL que el vigente POUM de Lleida recoge en el catálogo de bienes protegidos arquitectónicos, históricos y ambientales y, cuya última actualización data de febrero de 2018. Dentro de este catálogo encontramos, entre muchos otros, y como elementos arquitectónicos a proteger, las antiguas casernas de Gardeny, con un nivel de protección 3, que corresponde a los bienes inmuebles cuyo valor a conservar es su tipología, entendida como el conjunto de características constructivas y arquitectónicas que configuran los aspectos formales y funcionales de la construcción y que posibilitan la percepción de usos y hechos ligados a la memoria de una zona o paraje.

Es un hecho notorio que la sensibilidad y el interés por el patrimonio de este gobierno municipal es absolutamente nulo, y su único interés es dejar huella de su impericia y una ciudad desmantelada. La tentación autoritaria e ideológica del alcalde ha sido alentada y aplaudida por el teniente de alcalde y regidor de urbanismo y, ambos, en connivencia y retorciendo la verdad, pretenden justificar su acción amparándose en la Ley de Memoria Histórica. Pero omiten, malintencionadamente, que esa misma ley permitía salvar el escudo porque así se prevé en la propia norma: “cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”. Hay que leer enero el articulado de la norma, y no solo aquello que interesa.

Asistí incrédula al inicio del descendimiento del elemento escultórico del edificio que fue encargado a una empresa más especializada en derribos que en la manipulación de bienes patrimoniales o artísticos. Ni rastro de la presencia de expertos, ni rastro de técnicos de patrimonio. Algunos medios locales inmortalizaban para la posteridad el momento en que unas cadenas de hierro sujetaban el escudo -sin la adecuada protección- mientras se procedía al descenso de la pieza. Una operación sin duda delicada por el propio peso de la escultura que, al ser depositada en el camión que debía transportarla a su polvoriento rincón en el archivo arqueológico, hacían presagiar lo peor. En efecto, y como ya se ha hecho publico por algunos de los expertos que se han atrevido a alzar su voz ante descomunal despropósito, la pieza ha resultado dañada. El silencio oficial sobre este hecho contrasta con el postureo y las declaraciones justificativas de la insensata decisión del alcalde que, sin duda, pasará a la posteridad también por este episodio. Y es que la valentía política nunca ha sido su fuerte, como tampoco lo es escuchar a las entidades y a los expertos que habían propuesto conservar y contextualizar el escudo como evidencia viva de lo que aconteció en este lugar de nuestra ciudad. Cuando el patrimonio les es incómodo, pues lo obvian o lo anulan. Pero esta vez, puede que la perdida sea ya irreparable, y se sumará a la perdida y decadencia de una ciudad que día tras día desaprovecha su valor patrimonial e histórico mientras languidece a la sombra del fanatismo testosterónico. El despropósito y la irresponsabilidad de la decisión del alcalde la vamos a pagar todos los leridanos con nuestros impuestos, que más valdría que se invirtieran en conservar y construir, y no en destruir. Espero una respuesta a todas las preguntas que sobre esta rocambolesca decisión y acción he formulado, preguntas que los valientes cobardes no se han dignado responder en el pleno de este mes. Reitero también el ruego que le he formulado al alcalde: que nunca más haga uso de la discrecionalidad de sus funciones para tomar decisiones partidistas y políticas en contra de la ciudad y en contra de nuestro patrimonio.

 

Maria Burrel Badia