Maria Burrel Badia
Tenía que ser en lunes, bueno en martes, por eso de que era puente en la capital cuando, tras un evento político torremolinero del partido que (des)gobierna España, la dicharachera ministra que encabeza el ministerio de Hacienda soltó la noticia en exclusiva: “el lunes arreglo lo de la plusvalía, hombre claro, dicho y hecho”. Y todo ello ante el frenesí de un público que se rompía las palmas al conocer la primicia de la reforma y reactivación de un tributo declarado inconstitucional. Nacía así otro Real Decreto ley por “extraordinaria y urgente necesidad”, y por la vía exprés, oigan, como casi todo en este país. Da igual que el mismo Tribunal Constitucional, hace apenas un año les dijese que eso del Real Decreto ley no funciona. Pero, para la corte de Pedro I “El mentiroso”, esto de la constitucionalidad de las normas es irrelevante. Qué más da. El pueblo llano traga con lo que le echen.
Esta reforma exprés de la regulación del impuesto, conocido como plusvalía municipal, más que arreglar la situación originada por los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, supone consolidar una situación de inseguridad para los ciudadanos y para las administraciones locales que se arrastra desde 2017. Solo nos faltaba eso en los ayuntamientos: incertidumbre y complicaciones financieras. Porque la reforma del impuesto mediante un Real Decreto ley, de muy dudosa validez, permite seguir gravando por beneficios no producidos al no computarse los gastos y los tributos soportados, las mejoras realizadas y la inflación producida. Y aunque la plusvalía supone una fuente de financiación clave para muchos ayuntamientos, el tributo es -seamos claros- del periodo jurásico, propio de una sociedad rural pero irrazonable en la España actual que lo ha mantenido por la inercia tradicionalista y por un defectuoso sistema de financiación que soportan los municipios. El RDL y su adaptación a las Ordenanzas Fiscales municipales en el plazo de 6 meses lo convierte en un problema capital para muchos ayuntamientos. Y el momento elegido para todo este dislate no hubiera podido sido menos oportuno; cuando la mayoría de los municipios están a punto de aprobar sus presupuestos para el próximo año, y todo ello en una situación social y económicamente tan delicada como la actual. Y lo más desconcertante es que ni se han anunciado ni concretado medida alguna que permita a los ayuntamientos hacer frente a la pérdida de ingresos que va a suponer la inconstitucionalidad del tributo. En Lleida, casi 6 millones de euros. O tal vez más. Por eso, desde Ciudadanos propusimos una moción en el pleno de Paeria para bonificar la plusvalía en caso de herencia de vivienda, sucesión por muerte y venta a perdidas. También planteamos corregir los valores catastrales del suelo hasta un 15% a la baja y pedimos que se reclame al Gobierno de España la creación de un fondo extraordinario –vía presupuestos– para suplir las pérdidas de ingresos en los ayuntamientos. Porque, en definitiva, la nueva regulación va a tener una afectación directa en las maltrechas arcas municipales y en los vecinos contribuyentes del impuesto al poner en riesgo el funcionamiento de los servicios públicos y el mantenimiento o mejora de los servicios y equipamientos municipales.
Es necesario actuar para dar solución a este problema, asegurando tanto una correcta financiación de las entidades locales como evitando el excesivo gravamen a los ciudadanos. Sin embargo, mucho me temo que ni lo uno ni lo otro vaya a resolver este gobierno ni esta reforma exprés que genera más inseguridad y falta de confianza. Pero tranquilos, porque a los que redactaron y aprobaron la norma les seguirán pagando del erario con agradecimiento a sus servicios mientras que la situación económica futura de los ayuntamientos es incierta y, a los contribuyentes, a los ciudadanos, de nuevo, se les conculcan sus derechos a que les restituyan lo que les han arrebatado indebidamente aplicando lo que se denomina “situaciones consolidadas” con unas prácticas legislativas y administrativas irracionales. Será el precio que debamos pagar por tener el gobierno más progresista de la historia.