MOCIÓN

CONTRA LA INTERVENCIÓN DE LOS AHORROS DE LOS AYUNTAMIENTOS POR PARTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

El Covid-19 nos ha hecho modificar no sólo nuestros hábitos cotidianos si no nuestro modo de entender la sociedad. Cualquier persona puede entender que esta Pandemia mundial nos va a llevar a una crisis socio-económica sin precedentes y los datos auguran que así será.

La AIReF  contempla dos posibles escenarios: ambos, con apertura económica a mediados de mayo – que es optimista con los diferentes ritmos o fases de desescalada y los planes cambiantes del actual Gobierno – uno, sin que sea necesario volver a encerrar un mes más a la población por un rebrote duro del virus en otoño (escenario 1) y otro, en el que haya que añadir más tiempo de encierro en septiembre de producirse el mencionado rebrote del SARS-CoV-2 (escenario 2).

En la evolución del PIB, la AIReF contempla que en 2020 el PIB caerá entre el 8,9% y el 11,7%, con un crecimiento en 2021 de entre el 4,6% y el 5,8%. Por su parte, el Gobierno estima una caída del 9,2% en 2020 y una subida del 6,8% en 2021. Es decir, la AIReF, en el mejor de los casos, contempla una caída en 2020 similar a la del Gobierno, pero en su escenario más duro contempla una recesión 2,5 puntos superior a la cifra del Ejecutivo. Al mismo tiempo, la AIReF no espera un rebote tan importante limitando al 5,8% el crecimiento de 2021 en el mejor de los casos, un punto menos que la del Gobierno, que en el escenario 1 de la AIReF llega a ser 2,2 puntos inferior.

El último día de abril el Gobierno de Sánchez enviaba a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad para los años 2020 y 2021, donde decía que “España crecía de manera robusta y equilibrada antes de la llegada de la enfermedad y que todo hacía indicar que la recuperación sería fuerte, en uve asimétrica”, según Calviño. Como es obvio, estos datos actualmente no son válidos.

Actualmente nos encontramos con una situación económica que generará un mayor número de parados al previsto por el Gobierno, que dejaba la tasa de paro en un 19% en 2020 y en el 17,2% en 2021, y por el efecto de la renta mínima permanente que quieren introducir, cuyo coste podría llegar a los 17.000 millones de euros anuales, según se puede estimar desde la cifra que en junio de 2019 publicó José Luís Escrivá cuando presidía dicho organismo, aunque ahora ha dicho que serán sólo 3.000 millones. Esto produce un falseamiento de datos del paro que generará un mayor gasto social y no solucionará la débil economía española. La realidad según muchos expertos es que el paro superará el 30%, provocando una caída de la recaudación del IRPF. A estos datos hay que sumarle que en los dos meses del estado de alarma el gobierno no ha pagado a más de 700.000 trabajadores que están en situación de ERTES.

Sin lugar a dudas tenemos que ayudar a nuestra sociedad pero con medidas efectivas que no sean falsas ni populistas y que generen una mayor crisis. Los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y los que más están actuando con sus propios medios humanos, materiales y económicos a rescatar a la población.

El Gobierno del Estado es garante de nuestra constitución y como tal, debe de respetar el Artículo 137 “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.” El Art 140 “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios.”

El carácter complejo del Estado español, a raíz de las previsiones de la Constitución obliga a concretar el concepto. Es lo que ya ha hecho el Tribunal Constitucional, el cual en su STC 4/1981 de 2 de febrero de 1981 (F.J. 3) ha afirmado: «Ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía, y aún este poder tiene sus límites y, dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el art. 2 de la Constitución.”

La doctrina del TC enfatiza el carácter de la autonomía local, en cuanto derecho a participar en la gestión de los intereses respectivos de estas comunidades, matizando en su STC 170/89 de 19 de octubre, que: «…sería contrario a la autonomía municipal una participación inexistente o meramente simbólica que hiciera inviable la participación institucional de los Ayuntamientos.»  Por lo cual, el Gobierno de España debe de hacer posible que los Ayuntamientos dispongan de todos los recursos económicos para hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19.

El Gobierno autorizó a las entidades locales para la movilización del 20% del superávit acumulado para medidas de refuerzo ante la crisis. Este ahorro de los municipios viene de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y podría superar los 11.000 millones de euros. El temor de los alcaldes es que el Gobierno de PSOE y Podemos pretenda hacerse con este dinero y no dejar a los ayuntamientos disponer de él. Tanto es así que 15 de las ciudades más importantes de España han hecho un frente contra la intervención de sus ahorros por parte del Gobierno central. Ciudades donde gobiernan todos los colores políticos como son: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo y Gijón.

El Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) insta al Ayuntamiento de Alcoletge a la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.-  Exigir al Gobierno de España que agilice y aumente el porcentaje del superávit acumulado de los ayuntamientos que pueden gastar para tomar medidas enfocadas a la ayuda de la economía local tanto de las familias como de las empresas.

 Segundo.- Solicitar un compromiso por escrito del Gobierno de España de PSOE y Podemos para que no sustraiga el superávit acumulado de los ayuntamientos españoles.

 Tercero.- Dar traslado del resultado de esta moción mediante los medios de información pública municipal a los vecinos de Alcoletge.

 Cuarto.– Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado.