O convirtiendo las administraciones públicas, que son de todos, en el cortijo privado de algunos, como prefieran.

Coincidiendo con el inicio del llamado juicio del ‘procés’, la señora Presidenta de la Diputación de Lleida tomó la decisión de usar la institución que es de todos los ciudadanos y usarla como el patio de su casa, que es particular. Y así trasladó la orden de que fueran colgados sendos lazos amarillos en el balcón del despacho de Presidencia. Orden cumplida con entusiasmo por unos risueños vicepresidenta y portavoz del grupo de ERC.

Existen ya sobrados ejemplos que indican que los edificios de las administraciones públicas no pueden usarse a capricho por parte de quien los ocupa, que los políticos somos meros inquilinos al servicio de todos los ciudadanos que nos votan cada cuatro años para que les representemos en las mismas. Inquilinos, no dueños de las instituciones.

Ejemplos como la sentencia 173/2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de San Sebastián-Donostia, que confirma la obligatoriedad de la retirada de la bandera estelada que se había colocado en la fachada de la Diputación de Guipúzcoa el 9 de noviembre de 2014. Ese juzgado condenó a la Diputación en costas por su mala fe.

Ejemplos como el informe de los Servicios Jurídicos y Secretaría de Terrassa de 8 de febrero de 2019, donde se afirma que la colocación de una pancarta en soporte a las personas que están siendo juzgadas en el Supremo no es conforme a derecho.

Por no hablar de las numerosas sentencias del Tribunal Supremo donde se deja muy claro que “los Ayuntamientos no pueden actuar como portavoces, instrumentos, o cauces de expresión de las reivindicaciones (por legítimas que sean) de individuos, colectividades o grupos singularizados por una determinada ideología u opción política, pues en ese contexto se produce un menoscabo del interés general y la confusión de ese ideario, creencia o religión con los cometidos y fines del ente local. Se compromete la propia neutralidad política de la entidad local y por tanto su objetividad al servicio del interés de los vecinos”.

En resumen, que los edificios de las administraciones públicas deben regirse por el principio de neutralidad política, ya que nos representan a todos y no a unos cuantos.

Pues esto mismo, junto con la correspondiente documentación, fue presentado mediante un escrito en el registro de la Diputación de Lleida por parte del grupo de Ciudadanos, exigiendo la retirada inmediata de los lazos de la fachada (cosa que aún no se ha hecho) y solicitando a Secretaría y Servicios Jurídicos un informe acerca del caso (que tampoco se nos ha hecho llegar).

Así que vista la evidente inacción por parte de los que deberían preservar la institución al servicio de todos, no queda otra opción más que dejar el caso en manos de la justicia para que, una vez más, se pronuncie. Y cuando lo haga, volverá a dejar claro que las administraciones públicas no pueden ser mangoneadas a capricho de algunos en contra de los intereses generales.

Así que señores de Convergència i Unió, dejen de secuestrar lo que nos pertenece a todos y hagan lo que tienen que hacer: retiren esos símbolos y pongan orden en la Diputación de Lleida, que hay mucho por hacer.

Ángeles Ribes, portavoz de Cs Lleida

Artículo publicado en Segre (26.2.19)