En el pleno de marzo se debería haber tratado y resuelto el famoso expediente de reconocimiento de crédito. Debería, porque a resultas de la polémica y la presión ejercida por los grupos de la oposición, excepto Ciutadans, el equipo de gobierno decidió retirar el expediente y retrasarlo un mes.

Ese hecho fue celebrado con alborozo por los mismos grupos y Ciutadans fue el único que mostró su descontento por la dilación del expediente. El presupuesto de cualquier administración pública está detallado en las diferentes partidas de gasto. En grandes cifras, si uno dispone de ingresos de 150 M€ sabe que puede gastar aproximadamente esa cantidad, dejando una reserva para imprevistos… Es decir, que si se calcula que se necesitarán X millones de euros en por ejemplo, alumbrado público, no se deben gastar más de esa cantidad. ¿Qué pasa entonces cuando hay algún imprevisto? Pues para eso existe la figura del Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito.

Éste se lleva a cabo para poder pagar de forma oficial todos aquellos gastos que no han seguido el procedimiento adecuado para contabilizar tanto en el presupuesto como en contabilidad. Los proveedores han actuado correctamente ante la Administración pero ésta no, bien porque la factura no ha sido correctamente introducida, bien porque se ha encargado un servicio a un proveedor sin que hubiera suficiente consignación en la partida presupuestaria. Por supuesto, esto se produce en todas las Administraciones, pero debe ser considerado de forma excepcional y en ningún modo como práctica habitual y menos por cantidades a todas luces excesivas como es el caso.

¿Y por qué se le llama extrajudicial? Porque es la forma en que los proveedores pueden cobrar sin necesidad de acudir a los tribunales. Tribunales, que siempre les darán la razón, puesto que se ha realizado correctamente la prestación encargada, ya que la factura ha sido reconocida, y por tanto tienen todo el derecho al cobro.

Les pondré un ejemplo real. En este último expediente, tenemos una factura de una empresa cuya fecha de admisión fue el 30 de enero de 2015. Un monto de 68.000 euros. Esta empresa ya ha pagado todos los tributos que le correspondían de una factura que no ha cobrado. Es decir, está ejerciendo de financiador del Ayuntamiento de Lleida. Ahora, tras el retraso en la aprobación de este expediente, deberá esperar al menos un par de meses más, y si al final no se aprobara, debería ir a los Juzgados y gastar tiempo y sobre todo más dinero, en reclamar lo que le pertenece, porque es justo y está en su derecho de cobrar esa deuda.

Es cierto que encontrarte con que en un pleno tengas que tomar la decisión de aprobar y llevar a cabo una práctica que no te gusta es muy desagradable y te coloca en una situación difícil… Pero no es menos cierto que reprobar la más que cuestionable acción de gobierno utilizando a las empresas proveedoras de la Paeria como torpedos en la línea de flotación del gobierno municipal es una decisión a nuestro juicio, irresponsable, ya que quien paga las consecuencias no es el PSC ni la responsable de la regiduría, la sra. Mínguez. No. Quien paga el pato son los proveedores, las empresas y las personas que trabajan en ellas. Hay otras formas de cuestionar la acción económica del equipo de gobierno sin perjudicar a los proveedores, como ha sido el caso. Hay otras formas de solucionar este tipo de actuaciones. Por eso, Ciutadans siempre estará de forma inequívoca al lado de los proveedores y defenderá su derecho a cobrar los servicios prestados de la forma más correcta y rápida posible. El postureo político lo dejamos para el resto de grupos, que han preferido dar prioridad a la crítica política antes que, al legítimo derecho al cobro de las empresas proveedoras.

Ángeles Ribes, portavoz del grupo municipal de C’s Lleida

Artículo de opinión publicado en Segre (5.4.16)