Inmersos como estamos en una jornada histórica tras otra, porque ahora si, lo tenemos al alcance de la mano, y todas las consignas habituales que llevamos escuchando desde hace años, ha pasado más que desapercibido un hecho que provoca perplejidad, precisamente por la poca difusión que se le ha dado.

El día doce de septiembre estaba prevista una reunión de la Mesa General de la Generalitat (CCOO, UGT y CATAC) con objeto de negociar diversos aspectos relacionados con las retribuciones de todos los funcionarios dependientes de la Generalitat, entre otros el colectivo de funcionarios de prisiones.

Se trataba de negociar la aplicación de la subida correspondiente al año 2018, de un 1,75% y las fechas de devolución de las extras de 2013 y 2014, además de otros temes previstos en la Ley de Presupuestos y en el acuerdo publicado en el BOE de 26/03/2018, como la jornada de 35 horas, conciliación, etc.

Pues bien, fue suspendida. ¿El motivo? Pues que el Gobierno de la Generalitat no puede o quiere conceder ni uno solo de los puntos del acuerdo ya que sus prioridades son otras.

Y digo que la poca difusión que se ha dado causa perplejidad ya que el tema afecta a unos 220.000 empleados públicos.

Para que se hagan una idea: sólo en el sector prisiones, a cada trabajador que lo lleve haciendo desde 2012 se le debe la extra de 2013, la extra de 2014, y la subida salarial de 2018. ¿Saben cuánto sube? Unos 5.000 eurazos por funcionario de estas características. Aproximadamente unas seis mil personas…

Y sorprende porque al final la Mesa se reunió el 18 de septiembre y todo esto se dejó encima de la mesa (física). Es curioso que unos sindicatos tan dispuestos a salir a la calle y pelear por los derechos de los trabajadores no hayan peleado absolutamente nada en esta mesa. Podría ser que lo que de verdad les importa fuera otra cosa.

Y me he centrado en el colectivo de funcionarios de prisiones porque es uno de los que más ha sufrido los recortes y en unas condiciones de especial peligrosidad. Recuerden los disturbios producidos en la prisión de Ponent con destrozos en las celdas, tres trabajadores de la prisión heridos con diversas contusiones y un ambiente tremendamente hostil durante varias horas. ¿Cuál fue el motivo? Un corte de luz que provocó que los presos se quedaran sin televisión. Si, lo están leyendo bien. Semejante violencia por no tener tele.

Y mientras no se abonan las pagas extras, se exigen horas extras por no disponer de personal suficiente para tener las prisiones correctamente dotadas. Algo que depende del Gobierno de la Generalitat. Y que no hace. Y tampoco que sepamos ha dicho ni mú acerca del llamamiento a la insurrección protagonizado por el líder de los Mossos d’Esquadra separatistas, Albert Donaire, a principios de este mes de septiembre y en el que pedía “abrir las cárceles”, aunque sólo para los suyos, claro. Esperemos que no se enteren los seis reclusos que se amotinaron por no tener tele y exijan el mismo trato de favor. Y esperemos que los sindicatos arriba mencionados estén por lo que de verdad importa y defiendan a los trabajadores públicos de un sector tan vital y complicado como el de prisiones.

Ángeles Ribes, portavoz de Cs Lleida

Articulo publicado en Segre (2.10.18)