En un artículo anterior, ya explicábamos que uno de los debates recurrentes en nuestro ordenamiento territorial es el del papel que juegan en él las diputaciones provinciales. Creadas en 1836, su función es la de asegurar la prestación de los servicios de competencia municipal en todo el territorio de la provincia y participar en la coordinación de los municipios con la comunidad autónoma y el estado, o lo que es lo mismo, prestando su ayuda a aquellos ayuntamientos que por tamaño o falta de recursos no pueden ofrecer a los vecinos los servicios que les corresponden, desde la gestión de residuos o acometidas de agua potable, pasando por las gestiones de carácter más administrativo como la recaudación y gestión de tributos o prestando figuras esenciales para el buen funcionamiento de un consistorio como la labor de secretariado municipal o de intervención de las finanzas públicas.

En el caso de Lleida, con un territorio amplísimo en extensión y núcleos poblacionales pequeños y dispersos entre sí, la labor se extiende además a gestionar acondicionamientos de carreteras, inversiones en dispensarios médicos o ayudas al deporte y a la cultura. El quid de la cuestión radica, como siempre, en el reparto de competencias, y a qué debe destinar sus esfuerzos económicos cada administración. En el caso de nuestra Diputación es sistemático el empleo de fondos en inversiones en hospitales o en transporte y alimentación escolar. Y es evidente que no se puede cuestionar que los ciudadanos tengan garantizados los mejores servicios posibles, lo mejor gestionados posible. El problema es que la competencia de estos asuntos es autonómica, es decir, de la Generalitat de Cataluña. Pero como ésta, prácticamente en quiebra gracias a la fabulosa gestión de Junts pel Si y sus aliados de la CUP, hace omisión de sus deberes y es la Diputación la que acaba asumiendo el gasto. A la práctica, eso quiere decir que la Generalitat se capitaliza gracias a la descapitalización de la Diputación de Lleida. Así, tenemos ejemplos tan sangrantes como que, en junio, esta Diputación, le prestó a la Generalitat casi dieciséis millones de euros para financiación de municipios… Y ahora, en el último pleno de este 2016, nos encontramos con otro convenio con el mismo fin, también de casi 16 MEUR. Y lo que es peor, con una cláusula para hacer lo mismo en 2018. Es decir, ese dineral que la Generalitat debe a los pequeños ayuntamientos y que no tiene, lo paga directamente la Diputación, que sí que lo tiene, y a 31 de diciembre lo recupera, bien porque la Generalitat ya disponga de solvencia, bien con compensaciones de deuda.

Y evidentemente, a ver quién se niega a darles a los pequeños municipios las cantidades que necesitan para su correcto funcionamiento por unos escrúpulos competenciales.

Así, el debate, desde nuestro punto de vista, debería ser por un lado la mejora de la financiación municipal, y por el otro la asunción de responsabilidades de cada administración con sus finanzas, competencias y servicios. Y zanjar, por fin estos cambalaches entre administraciones gobernadas, oh sorpresa, por el mismo partido político… Si, ése: el de las sedes embargadas y los EROS de personal.

Ángeles Ribes, portavoz del grupo municipal de C’s Lleida

Artículo publicado en La Mañana y Segre (2 y 3 de enero de 2017)