En el pasado pleno de diciembre, se presentó por parte del grupo CUP-PA una moción para el pago de tributos a través de la Agència Tributària de Catalunya. Moción que por cierto, fue presentada tras habérsele solicitado al diputado de la CUP en Junta de Portavoces, que la pospusiera, ya que tradicionalmente ese pleno se procuraba que tuviera una duración breve pues tras el mismo se celebra la entrega de placas a los funcionarios jubilados, la turronada, etc.

Bien. Saltándose como digo, el pacto de caballeros no escrito, dicha moción solicitaba instar al presidente de la Diputación de Lleida a que todos los pagos de IVA e IRPF que se tienen que hacer a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) se hagan a través de la Agència Tributària Catalunya y dar posterior comunicación del acuerdo a todos los trabajadores de la Diputación, entes dependientes, a la AEAT, a la ATC, al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat, a todos los Consells Comarcals y los municipios de Lleida, y a la AMI. El traslado de los acuerdos, al menos en los que se refiere a los alcaldes de la demarcación y a los trabajadores de Diputación se hizo el día 31 de diciembre de 2015.

Desde Ciutadans solicitamos un informe acerca del alcance y las consecuencias jurídicas de dicho acuerdo que fue aprobado el 23 de diciembre de 2015. Esta solicitud fue registrada el día 14 de enero de 2016. Este informe, fechado el día 20 de enero de 2016, no fue entregado a los grupos hasta la pasada Junta de Portavoces del día 16 de febrero de 2016. Es decir, veintiocho días después de haber sido emitido, y viene firmado por el Secretario, la Interventora y el Oficial Mayor.

¿Y qué dice el informe? Lo que suponíamos. Por una parte, dice que el pago a la ATC no libera a la Diputación de su obligación de pago a la AEAT y que por tanto, el no ingreso de las deudas a la AEAT constituye infracción tributaria de la que se puede derivar expediente sancionador, recargos, intereses de demora, etc.

Y por otra, que en el supuesto de que se realizaran estas actuaciones, las personas responsables de los pagos de estos impuestos podrían originar menoscabo de caudales públicos e incurrir en responsabilidad contable con obligación de indemnización de daños y perjuicios causados a la corporación.

Para ser claros, que los señores diputados de CiU, ERC y la CUP que votaron a favor, lo hicieron a favor de cometer una flagrante ilegalidad, de la que se pueden derivar sanciones, además de la irresponsabilidad de tomar decisiones que afectan al pago de impuestos de todos los trabajadores de la Diputación sin contar con la opinión de los mismos para nada. Los que hablan todo el día de la “voluntad del pueblo” se retratan siempre con estas cuestiones, y dejan las consultas populares únicas y exclusivamente cuando creen que las pueden ganar o son asuntos de su agrado. Todo muy democrático, vaya.

En la batería de preguntas que Ciutadans presentó al pleno de la Diputación de este mes de febrero hay una muy clara: ¿Desde el equipo de gobierno se piensa optar por el cumplimiento de la ley o por la desobediencia?

Veremos cuáles serán los hechos al final, pero desde luego, Ciutadans seguirá oponiéndose a este tipo de mociones que proponen acuerdos ilegales, poco éticos e irresponsables. Entre otras cosas, en eso consiste el ejercicio de la oposición.

Ángeles Ribes, portavoz del grupo municipal de C’s en la Paeria y diputada provincial de C’s de la Diputación de Lleida

Artículo publicado en Segre (23-2-2016)